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Inconstitucional e inmoral

Principalmente, el proyecto es inconstitucional ya que se presume peligrosidad sin delito, lo cual entra en conflicto con la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, DERECHOS Y GARANTÍAS:

ARTICULO 13.- La Ciudad garantiza la libertad de sus habitantes como parte de la
inviolable dignidad de las personas. Los funcionarios se atienen estrictamente a las siguientes
reglas:

[...]

9. Se erradica de la legislación de la Ciudad y no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito, cualquier manifestación de derecho penal de autor o sanción de acciones que no afecten derechos individuales ni colectivos.

[...]

Es evidente que se intenta estigmatizar y marcar como potencial delincuente al ser humano por el vehículo que conduce, lo cual es netamente discriminatorio.

Básicamente, se asume que la persona es un peligroso delincuente simplemente por el hecho de circular en motocicleta, y esto ha sido confirmado en reiteradas entrevistas mediáticas a los impulsores de la ley, los cuales declaran sin tapujos que la humillante medida es “para prevenir el delito”, es decir, perseguir al motociclista por considerarlo un delincuente o un “ciudadano de segunda”, por eso se lo “marca” con un distintivo ridículo y humillante.

La discriminación es el acto de hacer una distinción, es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho de la igualdad de oportunidades.

La discriminación como tal, no es tolerada en ninguna sociedad democrática y no debería existir, mucho menos fomentada desde el estado mediante una ley que obliga a ciertos ciudadanos a vestir de manera humillante e incomoda, individualizándolos como posibles delincuentes.

En Argentina, la Constitución indica en su artículo 16, desde el año 1860, que no hay prerrogativas de sangre, ni nacimientos, ni hay fueros personales ni de nobleza.

En la constitución de 1994 se incorpora la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (del 26 de abril de 1968) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (del 10 de diciembre de 1948).

Tomando como base estas normas, se sancionó el 3 de agosto de 1988 la Ley Antidiscrimación (Ley Nº 23.529).

Este tipo de identificaciones numéricas sobre el cuerpo son estigmatizantes porque presupone a los motociclistas como delincuentes, violando el principio de presunción de inocencia.

Son persecutorias, asignando arbitrariamente una supuesta responsabilidad delictiva a personas inocentes, sin ningún tipo de prueba o juicio previo.

Dicha medida, lejos de construirse como medida preventiva lo hace estigmatizando; en la modernidad, hasta el sistema penitenciario ha quitado cualquier tipo de numeración de la vestimenta. 

La problemática de la inseguridad requiere de una intervención que apueste a la inclusión y no a estigmatizar o perseguir determinados colectivos, para este caso, según el uso de su movilidad.

El dominio de la placa patente (que se exige exhibir tanto en chaleco como en casco) pertenece al vehículo, en este caso la motocicleta, no al ser humano, ni al casco. 

Tanto el ser humano como el casco, no son bienes registrables, por lo tanto es improcedente,
injusto, e inútil que sean objeto de exhibir un dominio correspondiente a un vehículo

El dominio de la placa patente corresponde al vehículo, y de ninguna manera el estado tiene
autoridad moral para forzar a un ciudadano a vestirle en su propio cuerpo.

Forzar la vestimenta avasalla derechos y garantías constitucionales, ademas de violar la dignidad humana, obligando al ser humano a vestir un atuendo ridículo y degradante, y convirtiéndolo en un mero objeto sin identidad propia.


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